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El Gobierno de Nicaragua Intensifica la Represión contra Organizaciones Sin Fines de Lucro

El Gobierno de Nicaragua ha intensificado su represión contra organizaciones sin fines de lucro, limitando su capacidad de operar y afectando su labor humanitaria. Conoce los detalles de esta alarmante situación y sus implicaciones en la sociedad.

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El gobierno de Nicaragua ha tomado medidas drásticas al cancelar la personalidad jurídica de 1500 organizaciones sin fines de lucro, muchas de las cuales son grupos religiosos evangélicos. Esta acción refleja el esfuerzo sostenido del régimen autoritario liderado por el presidente Daniel Ortega para reprimir a individuos e instituciones que no se alinean con sus políticas.

Desde 2018, más de 5000 organizaciones sin fines de lucro, que incluyen tanto grupos eclesiásticos como cívicos, han sido cerradas en Nicaragua. La reciente cancelación de personalidad jurídica, que afecta a una cantidad tan elevada de grupos en un solo día, marca un hito en la represión sistemática de la sociedad civil.

Esta medida se produce pocos días después de que el gobierno expulsara del país a dos sacerdotes católicos que habían sido detenidos a inicios del mes. La decisión resalta una tendencia preocupante, ya que el gobierno de Ortega había concentrado su ira principalmente en la Iglesia católica, especialmente en aquellas regiones donde obispos y sacerdotes de renombre se han pronunciado en contra de las violaciones de derechos humanos.

Curiosamente, los pastores evangélicos habían mantenido una postura en gran medida neutral en el debate político, evitando involucrarse en la controversia. Sin embargo, la reciente eliminación de cientos de sus iglesias indica que el gobierno de Ortega está ampliando su estrategia de silenciar a los líderes religiosos y de cerrar cualquier espacio independiente que no esté alineado con el gobierno.

Según Martha Patricia Molina, una abogada nicaragüense que sigue de cerca los ataques contra las iglesias y el clero, esta acción es un claro indicativo de la intención del gobierno de controlar y limitar la influencia de cualquier organización que no esté dispuesta a ser parte de su narrativa.

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